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Responsabilidad Administrativa y Servidores Públicos

Cuando el estado en cualquiera de sus órdenes (gobierno federal, alguna entidad federativa, un municipio o alcaldía) ejecuta un acto que perjudica a un habitante haciéndole sufrir un daño injusto con respecto a los demás ciudadanos, está obligado a indemnizar ese daño.

El daño que el estado consigue producir a un ciudadano puede surgir en una afectación a su patrimonio (vehículos, inmuebles, cuentas bancarias, empresas), físicamente a su persona (lesiones, muerte) o a su sentir (daño moral).

Algunos de los casos más frecuentes donde el gobierno lesiona a sus ciudadanos son los siguientes:

• Negligencia médica por parte de alguna institución de salud pública.
• La expropiación de un bien inmueble sin los requisitos de ley.
• El uso de alguna propiedad por parte del gobierno sin previa autorización.
• Afectación en sus bienes derivados de obras de construcción.
• Accidentes y/o daños provocados por un deficiente mantenimiento o por algún servicio mal prestado.
• Despidos injustificados a personal que trabajó para el Estado y que fue contratado por algún sistema de Servicio Profesional de Carrera.
• Imposición de multas o sanciones ilegales.
• Ordenes emitidas por una autoridad que no tenía facultades para ello, o que derivado de ello, generó alguna lesión al particular.
• Sentencias ilegales que fueron consideras así por una autoridad jurisdiccional.
• Bullying dentro de alguna escuela pública.
• Acoso laboral dentro de alguna institución gubernamental.